A 48 años de la dictadura cívico-militar, este 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia según la ley de la Nación 25.633, conmemoramos a las víctimas del Terrorismo de Estado que, entre 1976 y 1983, llevó adelante un proceso de violación masiva y sistemática de los derechos humanos que dejó un saldo de 30.000 personas desaparecidas.
En un presente histórico signado por las consecuencias sociales que ha dejado el neoliberalismo, uno de los desafíos más importantes que enfrenta la memoria social de nuestro tiempo es el de restituir la mutua implicación que existió entre la instalación de la dictadura cívico-militar y el despliegue del neoliberalismo como modelo civilizatorio en nuestra región. Reflexionar en torno a esa relación, implica tomar en serio el uso crítico de la memoria reclamado por Walter Benjamin, en el que la recuperación del pasado sirve para iluminar aspectos oscuros de nuestro presente.
La jornada de la memoria es también la ocasión para reafirmar el valor de la dignidad de las víctimas frente a un escenario de proliferación creciente de discursos y prácticas negacionistas. A través de la minimización, la relativización o la banalización, los/las negacionistas intentan, por un lado, quitarle significado al sufrimiento humano de las víctimas y, por otro, minar el valor de la democracia. La mejor manera de prevenirnos frente a estas amenazas es acudiendo a la memoria como herramienta frente al proyecto de olvido.
Además de ser una invitación a revisitar el pasado, este 24 de marzo representa una convocatoria a actuar en el presente. Las políticas de verdad, memoria y justicia que destacan a Argentina entre otros países de la región que han sufrido circunstancias semejantes, deben ser defendidas como políticas de Estado y necesitan ser consolidadas.
